El conflicto se inició cuando los trabajadores pidieron, días atrás, un aumento salarial del 21% que se otorga por convenio con federación y, ante la negativa de la empresa, iniciaron un paro. La respuesta fue el despido de todos.
El empresario Julio Pérez desconoce al Sindicato del Papel, de San Pedro, por no tener personería gremial y también a los dos delegados de planta.
Además, violó, conciliación obligatoria dispuesta el viernes 16 por la Secretaría de Trabajo de Baradero.
La fábrica estaba parada por reparaciones desde hacía dos meses y medio.
Un trabajador papelero inicial cobra 600 pesos por quincena y con el aumento sería 720 pesos.Julio Pérez fue citado a dar explicaciones al Concejo Deliberante el jueves 22, pero este no concurrió argumentando parte de enfermo.
El intendente Aldo Carosi (FPV) declaró que la planta no arrancaría con los despidos y por los delitos ambientales con los que opera.
En una audiencia en la Secretaría de Trabajo, el abogado de la empresa ofreció la reincorporación de 11 de los 24, lo cual fue rechazado por los trabajadores y representantes.
El lunes están viajando los delegados a La Plata.
El conflicto está despertando la indignación contra una patronal que, además de negrera, es contaminadora.
El Partido Obrero está desplegando una acción solidaria, llamando a toda la población a apoyar a los trabajadores y reclama una fuerte movilización de la Federación del Papel en Baradero, para que reincorporen a todos. También se han hecho presentes representantes de la Asamblea de la Estación, que preparan una acción solidaria. El Polo Obrero donó alimentos para sostener a las familias de los obreros despedidos.
G.T. en base a informes de G
domingo 8 de noviembre de 2009
jueves 22 de octubre de 2009
KIRCHNER, CARRIO, CASARETTO
Infelices los niños
La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella). Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real.
Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunaweb del 20/9).
A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores.
¿Asistencialismo? Ni eso
Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra.
Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial.
Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores.
Carrió y Casaretto
En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” (Clarín, 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” serviría de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal.
La clase obrera, frente a la pobreza
Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro.
La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.
Marcelo Ramal
La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella). Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real.
Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunaweb del 20/9).
A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores.
¿Asistencialismo? Ni eso
Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra.
Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial.
Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores.
Carrió y Casaretto
En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” (Clarín, 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” serviría de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal.
La clase obrera, frente a la pobreza
Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro.
La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.
Marcelo Ramal
jueves 8 de octubre de 2009
LAS LECCIONES DE KRAFT
Un régimen sin "contención"
La huelga de la ex Terrabusi tiene todavía un final abierto. Pero sus consecuencias sobre el conjunto del proceso político ya son concluyentes.
La lucha en General Pacheco mostró hasta qué punto está quebrada la capacidad de arbitraje del kirchnerismo. El gobierno no quiso, primero, llevar adelante los recursos de regimentación de las relaciones laborales establecidas por ley. Tomada dio por clausurada la conciliación obligatoria para que la patronal liquidara al activismo por la vía de los hechos. Pero la reacción solidaria a nivel nacional enfrentó el ataque de la empresa y obligó al gobierno y a todos sus alcahuetes (Moyano, Yasky) a operar un limitado cambio de frente. Esto le ha abierto un nuevo flanco de crisis política, que se irá profundizando, de un lado por los obstáculos que pondrá la patronal, del otro por la ampliación de las luchas, como ocurre con los trabajadores de la Salud en Tucumán.
La crisis del arbitraje estatal afecta a la burocracia de los sindicatos. El conflicto de Kraft desnudó a la CGT a y la CTA como sucursales del oficialismo. Los Moyano y Yasky corrieron detrás de los acontecimientos. En todos los casos para actuar como agentes del Ministerio de Trabajo en las maniobras contra los trabajadores.
Un régimen en la picota
El gobierno, en definitiva, es incapaz de actuar como una fuerza autónoma frente a las contradicciones que agudiza la crisis capitalista. Esta incapacidad se extiende a toda la oposición patronal, que acaba de protagonizar una farsa patética al no poder reunir a su propia tropa para derogar el tarifazo. Es que los opositores están por completo del lado de los pulpos de la energía y de su reclamo (como el del FMI) de ‘rebalancear’ las tarifas. El movimiento popular que siguió convencido las maniobras de estos opositores ha recibido una lección, que deberá ser aprovechada. Ahora que los parlamentarios fracasaron, es hora de un plan de lucha y de la acción directa.
Una conciencia superior
La escalada antiobrera en el conflicto de Kraft ha desarrollado una conciencia de lucha y de clase, que se ha extendido a capas no obreras. Se ha abierto, como consecuencia de ello, una nueva etapa en las masas. La clase media entrará en el tumulto, sacudida por la carestía y el derrumbe de los presupuestos sanitarios o educativos. El apoyo del movimiento estudiantil a Kraft, desde la Fuba hasta la Patagonia, es un anticipo. En estos mismos días, la ocupación del Nacional Buenos Aires puso al desnudo el carácter reaccionario de una rectora, que es dirigente del PSA, la chapa electoral de Solanas.
El gobierno acaba de entregar otro arbitraje –el que tiene sobre la caja del Estado– al Fondo Monetario Internacional. La auditoría de los usureros empuja a nuevos tarifazos, y a los ajustes en provincias y municipios.
La etapa que se abre refuerza las condiciones para desarrollar, en todos los planos, una alternativa política propia de los explotados.
Marcelo Ramal
La huelga de la ex Terrabusi tiene todavía un final abierto. Pero sus consecuencias sobre el conjunto del proceso político ya son concluyentes.
La lucha en General Pacheco mostró hasta qué punto está quebrada la capacidad de arbitraje del kirchnerismo. El gobierno no quiso, primero, llevar adelante los recursos de regimentación de las relaciones laborales establecidas por ley. Tomada dio por clausurada la conciliación obligatoria para que la patronal liquidara al activismo por la vía de los hechos. Pero la reacción solidaria a nivel nacional enfrentó el ataque de la empresa y obligó al gobierno y a todos sus alcahuetes (Moyano, Yasky) a operar un limitado cambio de frente. Esto le ha abierto un nuevo flanco de crisis política, que se irá profundizando, de un lado por los obstáculos que pondrá la patronal, del otro por la ampliación de las luchas, como ocurre con los trabajadores de la Salud en Tucumán.
La crisis del arbitraje estatal afecta a la burocracia de los sindicatos. El conflicto de Kraft desnudó a la CGT a y la CTA como sucursales del oficialismo. Los Moyano y Yasky corrieron detrás de los acontecimientos. En todos los casos para actuar como agentes del Ministerio de Trabajo en las maniobras contra los trabajadores.
Un régimen en la picota
El gobierno, en definitiva, es incapaz de actuar como una fuerza autónoma frente a las contradicciones que agudiza la crisis capitalista. Esta incapacidad se extiende a toda la oposición patronal, que acaba de protagonizar una farsa patética al no poder reunir a su propia tropa para derogar el tarifazo. Es que los opositores están por completo del lado de los pulpos de la energía y de su reclamo (como el del FMI) de ‘rebalancear’ las tarifas. El movimiento popular que siguió convencido las maniobras de estos opositores ha recibido una lección, que deberá ser aprovechada. Ahora que los parlamentarios fracasaron, es hora de un plan de lucha y de la acción directa.
Una conciencia superior
La escalada antiobrera en el conflicto de Kraft ha desarrollado una conciencia de lucha y de clase, que se ha extendido a capas no obreras. Se ha abierto, como consecuencia de ello, una nueva etapa en las masas. La clase media entrará en el tumulto, sacudida por la carestía y el derrumbe de los presupuestos sanitarios o educativos. El apoyo del movimiento estudiantil a Kraft, desde la Fuba hasta la Patagonia, es un anticipo. En estos mismos días, la ocupación del Nacional Buenos Aires puso al desnudo el carácter reaccionario de una rectora, que es dirigente del PSA, la chapa electoral de Solanas.
El gobierno acaba de entregar otro arbitraje –el que tiene sobre la caja del Estado– al Fondo Monetario Internacional. La auditoría de los usureros empuja a nuevos tarifazos, y a los ajustes en provincias y municipios.
La etapa que se abre refuerza las condiciones para desarrollar, en todos los planos, una alternativa política propia de los explotados.
Marcelo Ramal
jueves 10 de septiembre de 2009
Capitalismo y comunicación social
Ahora que el debate en torno a la nueva Ley de Radiodifusión pone en el tapete categorías como “comunicación social”, “democracia comunicacional”, “pluralidad de voces” y “apropiación y reapropiación de la palabra”, conviene recordar de entrada que el capitalismo, como tal, es un límite objetivo a cualquier proceso que pretenda mejorar la comunicación entre los individuos. El capital está obligado no a “comunicar” sino a ocultar la explotación a la que una minoría social somete al conjunto de la población.
El capitalismo es esencialmente anticomunicacional: divide a la sociedad en clases antagónicas; promueve entre los individuos la competencia en lugar de la cooperación, lleva a niveles inauditos la separación entre trabajo manual e intelectual y provoca una diferenciación social de características extremas e irreversibles.
El cometido básico de la comunicación social, es decir poner en común valores objetivamente sociales que, a su vez, son ininteligibles sin la comunicación, nace herido de muerte bajo este régimen social.
Comunicación social, Estado y gobierno
Hay que agregar que los denominados “medios” constituyen, además, sólo una parte de las fuentes institucionales que proveen a la población de la información con qué desenvolverse. La infraestructura de comunicación de la sociedad es incomprensible sin el sistema de enseñanza escolarizado, los gobiernos y los Estados. Estas tres esferas tienen un peso abrumador en cualquier proceso que pretenda “democratizar” las comunicaciones o “recuperar la palabra”, según la muletilla oficial con la que se defiende la nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, el gobierno que impulsa el proyecto “comunicativo” ha continuado la política privatista, antidocente e inclusive clerical de los gobiernos que lo precedieron en materia educativa.
Y, por supuesto, luego de seis años en el poder, el matrimonio Kirchner tampoco rozó los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto y la conspiración.
Se trata del Estado secreto, conspirativo y criminal de los gastos reservados y de las legiones de espías que, escándalo tras escándalo, se descubren en la Side haciendo escuchas ilegales a periodistas y dirigentes políticos opositores. Del Estado secreto que actuó en las voladuras de la Amia y la Embajada de Israel, destruyó medio Río Tercero para borrar las pruebas del tráfico de armas y que pone una notable infraestructura tecnológica de “comunicaciones”... para perseguir a los luchadores y al servicio de la delincuencia.
Parece, sin embargo, que la nueva Ley de Radiofusión y sus defensores no están conformes con el poder que ostenta esta infernal maquinaria centralizada de represión, espionaje y administración de datos e informaciones ciudadanas. Pretenden que, además, decida qué cantidad de cine y música nacional y extranjera hay que ver o escuchar, cómo se aplicarán los premios y castigos en el reparto capitalista de medios y frecuencias y quién es apto para tener licencias y quién no.
¿No será mucho?
Leonardo Villafañe
El capitalismo es esencialmente anticomunicacional: divide a la sociedad en clases antagónicas; promueve entre los individuos la competencia en lugar de la cooperación, lleva a niveles inauditos la separación entre trabajo manual e intelectual y provoca una diferenciación social de características extremas e irreversibles.
El cometido básico de la comunicación social, es decir poner en común valores objetivamente sociales que, a su vez, son ininteligibles sin la comunicación, nace herido de muerte bajo este régimen social.
Comunicación social, Estado y gobierno
Hay que agregar que los denominados “medios” constituyen, además, sólo una parte de las fuentes institucionales que proveen a la población de la información con qué desenvolverse. La infraestructura de comunicación de la sociedad es incomprensible sin el sistema de enseñanza escolarizado, los gobiernos y los Estados. Estas tres esferas tienen un peso abrumador en cualquier proceso que pretenda “democratizar” las comunicaciones o “recuperar la palabra”, según la muletilla oficial con la que se defiende la nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, el gobierno que impulsa el proyecto “comunicativo” ha continuado la política privatista, antidocente e inclusive clerical de los gobiernos que lo precedieron en materia educativa.
Y, por supuesto, luego de seis años en el poder, el matrimonio Kirchner tampoco rozó los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto y la conspiración.
Se trata del Estado secreto, conspirativo y criminal de los gastos reservados y de las legiones de espías que, escándalo tras escándalo, se descubren en la Side haciendo escuchas ilegales a periodistas y dirigentes políticos opositores. Del Estado secreto que actuó en las voladuras de la Amia y la Embajada de Israel, destruyó medio Río Tercero para borrar las pruebas del tráfico de armas y que pone una notable infraestructura tecnológica de “comunicaciones”... para perseguir a los luchadores y al servicio de la delincuencia.
Parece, sin embargo, que la nueva Ley de Radiofusión y sus defensores no están conformes con el poder que ostenta esta infernal maquinaria centralizada de represión, espionaje y administración de datos e informaciones ciudadanas. Pretenden que, además, decida qué cantidad de cine y música nacional y extranjera hay que ver o escuchar, cómo se aplicarán los premios y castigos en el reparto capitalista de medios y frecuencias y quién es apto para tener licencias y quién no.
¿No será mucho?
Leonardo Villafañe
domingo 6 de septiembre de 2009
A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES DE BARADERO.
El Partido Obrero de Baradero se solidariza con todos los trabajadores y trabajadoras que fueron reprimidos por la Infantería por orden del Intendente Carossi, el pasado 27 de Agosto.
Repudiamos la represión y la descalificación del oficialismo a la huelga.
En este conflicto, el PO se pone a disposición de los trabajadores municipales, por eso reivindicamos:
· Ni suspensiones ni despidos.
· Reincorporación inmediata de los 12 trabajadores despedidos y el inmediato pase a planta permanente.
· Juicio a todos los responsables de la represión del 27 de Agosto.
· Que se termine con el trabajo precario en el estado municipal.
· Por la organización y la lucha de los trabajadores para que se respeten sus derechos.
· Por el cese del trabajo negrero y contra la privatización de la recolección de basura, con camiones sin control ambiental (“a cielo abierto”), trabajadores fuera de convenio y sin condiciones de seguridad laboral.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS MUNICIPALES DE BARADERO!
PARTIDO
OBRERO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Repudiamos la represión y la descalificación del oficialismo a la huelga.
En este conflicto, el PO se pone a disposición de los trabajadores municipales, por eso reivindicamos:
· Ni suspensiones ni despidos.
· Reincorporación inmediata de los 12 trabajadores despedidos y el inmediato pase a planta permanente.
· Juicio a todos los responsables de la represión del 27 de Agosto.
· Que se termine con el trabajo precario en el estado municipal.
· Por la organización y la lucha de los trabajadores para que se respeten sus derechos.
· Por el cese del trabajo negrero y contra la privatización de la recolección de basura, con camiones sin control ambiental (“a cielo abierto”), trabajadores fuera de convenio y sin condiciones de seguridad laboral.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS MUNICIPALES DE BARADERO!
PARTIDO
OBRERO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
lunes 31 de agosto de 2009
LOS QUE SE BOROCOTIZAN SON LOS K
No es cierto que los derrotados K estén reclutando mujeres del campo adversario para la causa nacional y popular.Es exactamente lo contrario: el pasaje de María del Carmen Alarcón al gobierno, una notoria representante de los ‘pool’ de siembra y de los fideicomisos agrarios, no es otra cosa que la borocotización del matrimonio por parte de los grandes pulpos sojeros.Alarcón no viene sola, la acompaña todo el nucleamiento Pampa Sur –poblado no solamente por sojeros sino por macristas.
Ha habido un pacto político, en la misma línea de ‘acercamiento’ al FMI y a los llamados mercados internacionales.
Lo que ha ocurrido es que los ‘pool’ de siembra se han cansado de la esterilidad de la Mesa de Enlace, de las provocaciones de sus ‘chacareros’ y de las peleas y divisiones de sus políticos ‘opositores’ –desde la ‘apocalíptica’ Carrió al desbocado Reutemann.
El fin de semana pasado se realizó un congreso de la Apresid, que reúne a los pulpos financieros del agro con los pulpos de insumos agroquímicos, para coincidir que la consigna de la hora es abrir las puertas a un nuevo endeudamiento internacional –precisamente lo que hacen los K.
Los pulpos de Apresid saben muy bien que el proyecto de ley de arrendamiento de los K es una maniobra parlamentaria para la gilada –porque no lo quieren ni los afiliados a la Federación Agraria, que alquilan sus campos porque ya no son arrendatarios, o porque son subcontratistas, sin tierras, de los capitales del agro.
Tampoco son los pools y los fideicomisos los que más necesitan que se declare una emergencia agropecuaria por la sequía.
En definitiva, no son las santafesinas Alarcón y Latorre las que se borocotizan sino los K, que están haciendo el camino de Canossa hacia el FMI.
En solamente una semana, el ministro Boudou se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo; luego recibió a un representante del Fondo y en el medio tuvo el gusto de leer que la designada embajadora norteamericana insistió en que el objetivo de su gobierno es llegar a acuerdos sustanciales con los K.
Los K y el capital reclaman el socorro internacional para hacer frente a la bancarrota del ‘modelo productivo’ ¡las provincias ya preparan las cuasi monedas!
El capital financiero borocotizó al matrimonio, el cual no quiere correr el mismo destino de De la Rúa y Cavallo, que se cayeron del tablero cuando el FMI y Bush les dijeron que la convertibilidad no iba más.
Es lo que ya vio Felipe Solá, que descubrió, ante Mariano Grondona, que Argentina no es solamente ‘el campo’.
De yapa, entre tantas visitas juntas, vino otro funcionario de Obama, el subsecretario para Asuntos del Hemisfeio Occidental, para ‘arreglar’ el desarrollo conveniente de la reunión de la Unasur, que la Presidenta trasladó de Buenos Aires a Bariloche, para no ‘perturbar’ a Uribe –la cooptación o borocotización del matrimonio tiene un alcance internacional.
En efecto, en Bariloche, los K borocotizados acompañarán a Lula, Bachelet, Tabaré Vázquez y, quizás, Rafael Correa, para legitimar la instalación de los yanquis en bases militares en Colombia.
‘Gestos’ parecidos, en la década de los 90, fueron calificados como “relaciones carnales”.En Bariloche se va a hacer un último intento para desmovilizar a la rebelión popular en Honduras, con un nuevo formato de pacto entre los golpistas y el presidente Zelaya.
Como ya ocurriera cuando el golpe contra Chávez, en 2002, y la asonada derechista en Bolivia, el año pasado, los ‘progres’ de Sudamérica se ponen al frente de un operativo de contención de las rebeliones e insurgencias populares.
No hay que mirar a los Biolcati y mucho menos a los De Angeli: basta observar la suba de los bonos de Argentina; el famoso ‘riesgo país’ ha caído a sus niveles más bajos desde que comenzó la crisis con ‘el campo’.
Billetera mata ‘progres’ y falsos antiimperialistas –en especial si amasan su fortuna mediante la especulación inmobiliaria en Calafate.
Ha habido un pacto político, en la misma línea de ‘acercamiento’ al FMI y a los llamados mercados internacionales.
Lo que ha ocurrido es que los ‘pool’ de siembra se han cansado de la esterilidad de la Mesa de Enlace, de las provocaciones de sus ‘chacareros’ y de las peleas y divisiones de sus políticos ‘opositores’ –desde la ‘apocalíptica’ Carrió al desbocado Reutemann.
El fin de semana pasado se realizó un congreso de la Apresid, que reúne a los pulpos financieros del agro con los pulpos de insumos agroquímicos, para coincidir que la consigna de la hora es abrir las puertas a un nuevo endeudamiento internacional –precisamente lo que hacen los K.
Los pulpos de Apresid saben muy bien que el proyecto de ley de arrendamiento de los K es una maniobra parlamentaria para la gilada –porque no lo quieren ni los afiliados a la Federación Agraria, que alquilan sus campos porque ya no son arrendatarios, o porque son subcontratistas, sin tierras, de los capitales del agro.
Tampoco son los pools y los fideicomisos los que más necesitan que se declare una emergencia agropecuaria por la sequía.
En definitiva, no son las santafesinas Alarcón y Latorre las que se borocotizan sino los K, que están haciendo el camino de Canossa hacia el FMI.
En solamente una semana, el ministro Boudou se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo; luego recibió a un representante del Fondo y en el medio tuvo el gusto de leer que la designada embajadora norteamericana insistió en que el objetivo de su gobierno es llegar a acuerdos sustanciales con los K.
Los K y el capital reclaman el socorro internacional para hacer frente a la bancarrota del ‘modelo productivo’ ¡las provincias ya preparan las cuasi monedas!
El capital financiero borocotizó al matrimonio, el cual no quiere correr el mismo destino de De la Rúa y Cavallo, que se cayeron del tablero cuando el FMI y Bush les dijeron que la convertibilidad no iba más.
Es lo que ya vio Felipe Solá, que descubrió, ante Mariano Grondona, que Argentina no es solamente ‘el campo’.
De yapa, entre tantas visitas juntas, vino otro funcionario de Obama, el subsecretario para Asuntos del Hemisfeio Occidental, para ‘arreglar’ el desarrollo conveniente de la reunión de la Unasur, que la Presidenta trasladó de Buenos Aires a Bariloche, para no ‘perturbar’ a Uribe –la cooptación o borocotización del matrimonio tiene un alcance internacional.
En efecto, en Bariloche, los K borocotizados acompañarán a Lula, Bachelet, Tabaré Vázquez y, quizás, Rafael Correa, para legitimar la instalación de los yanquis en bases militares en Colombia.
‘Gestos’ parecidos, en la década de los 90, fueron calificados como “relaciones carnales”.En Bariloche se va a hacer un último intento para desmovilizar a la rebelión popular en Honduras, con un nuevo formato de pacto entre los golpistas y el presidente Zelaya.
Como ya ocurriera cuando el golpe contra Chávez, en 2002, y la asonada derechista en Bolivia, el año pasado, los ‘progres’ de Sudamérica se ponen al frente de un operativo de contención de las rebeliones e insurgencias populares.
No hay que mirar a los Biolcati y mucho menos a los De Angeli: basta observar la suba de los bonos de Argentina; el famoso ‘riesgo país’ ha caído a sus niveles más bajos desde que comenzó la crisis con ‘el campo’.
Billetera mata ‘progres’ y falsos antiimperialistas –en especial si amasan su fortuna mediante la especulación inmobiliaria en Calafate.
jueves 20 de agosto de 2009
Transfieren Zanón a la Cooperativa Obrera
El alcance de una victoria
El jueves 13 de agosto, la Legislatura de Neuquén votó en general la transferencia de Zanón a la cooperativa obrera Fasinpat. La “ley de expropiación”, impulsada por el gobierno de Jorge Sapag, parte de un acuerdo con los acreedores (el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo -IADEP-, la fabricante de maquinaria de origen italiano SACMI y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial), que se “avienen” a aceptar un ‘resarcimiento’ de 23,5 millones de pesos por las deudas impagas que contrajo la patronal de Zanón. Los fondos serán adelantados por el Estado, pero la ley establece, por otro lado, que la cooperativa “compensará al Estado provincial, en especie, las sumas desembolsadas, o sea mediante la venta al costo de los productos que requiera la Provincia para fines públicos” (Art 7). La gestión obrera (cooperativa), ahora legalizada, debuta en su nueva etapa con la carga de una enorme hipoteca. Aunque la ley no establece una tasa de interés para la deuda que la cooperativa obrera contrae con el Estado, esa tasa existe. Se la puede deducir de la diferencia entre el precio de costo al cual deberá vender su producción al Estado y el precio de mercado de los cerámicos. Tiene una tasa de interés implícita, que podría llegar a ser usuraria. Es sólo en estas condiciones que el gobierno acabó admitiendo la transferencia de la propiedad legal de la empresa a la cooperativa formada por los trabajadores, luego de una década de intentos para desalojarlos, de represión, de atentados individuales contra dirigentes y activistas, y un proceso judicial que buscó en todo momento salvar el capital de los vaciadores y los créditos de sus financistas, y nunca el derecho al trabajo de los obreros. Es con una clara conciencia de estas limitaciones que debe valorarse la victoria obtenida por los trabajadores de Zanón, pues esas limitaciones dejan establecido el programa para superar los obstáculos y las hipotecas que ha creado la “ley de expropiación”, y para alcanzar, por medio de la lucha, el objetivo de la expropiación sin pago y la efectiva gestión obrera.
A los compañeros de Zanón les costó casi una década de luchas arrancar a los gobiernos antiobreros del MPN esta transferencia de propiedad, que tiene similitudes con las conquistas que obtuvieron la mayoría de las recuperadas en 2002/03. Durante todo este tiempo, el gobierno provincial trabajó en forma sistemática para devolver el control de la planta a sus vaciadores, desahuciar a la cooperativa Fasinpat y desalojar a los obreros. Lo mismo vale para la Legislatura neuquina, que incluso en tiempos recientes dio la espalda al proyecto de expropiación efectiva (estatización, sin indemnización) presentado por los trabajadores ceramistas, que fue acompañado por 90 mil firmas. Pero los intentos de confiscar la empresa a sus trabajadores (el desalojo) fracasaron. El sapagismo y sus compinches tuvieron que admitir su derrota y buscar nuevos caminos de salida; el resultado es la ley que se acaba de votar. De todos modos, aun en los días previos a la sanción, cuando la aprobación de la “ley de expropiación” ya era presentada como un hecho consumado, las cámaras patronales, la burocracia de la CGT y hasta funcionarios oficiales salieron a embestir contra esta posibilidad. La ley está confeccionada para dotar al Estado de una capacidad de arbitraje y de supervisión sobre la nueva fase del emprendimiento obrero, sea por la vía de la hipoteca para pagar el ‘resarcimiento’, sea por la facultad para determinar las compras públicas (el texto de la ley tiene varias referencias al establecimiento de la “paz social”). Finalmente, la ley se aprobó en general por 26 votos contra 9 (votaron en contra dos diputados del PJ y prácticamente toda la bancada radical), en una sesión con asistencia perfecta de los legisladores.
La jornada estuvo enmarcada por una movilización de 4 mil personas. Durante el largo debate en el recinto, se desarrolló un acto en las puertas de la Legislatura en el que hablaron dirigentes obreros y populares.
La “ley de expropiación”
Entre la formación de la cooperativa y la aprobación de esta ley se desarrolló una larga transición de cuatro años, durante los cuales la fábrica estuvo colocada bajo el arbitrio del juez a cargo de la quiebra. La cooperativa obrera pagó durante ese tiempo un canon por el alquiler de la planta de 40 mil pesos mensuales. La finalidad del concurso de quiebra era devolver el control de Zanón a la familia de vaciadores o a sus testaferros. Ahora, el juez interviniente, Rafael Barreiro, se espanta porque la ley “no contempla (el pago de una indemnización) a los ex trabajadores” (se refiere a los carneros que no participaron de la ocupación de la planta ni de la gestión obrera, ni forman parte de la cooperativa). Barreiro no debió haber mencionado el hecho, porque la realidad del asunto es que la ley que acaba de ser votada sí expropia a los trabajadores que lucharon por la gestión obrera, al no reconocerles los derechos indemnizatorios que les corresponden toda vez que el abandono de la empresa por una patronal es equivalente a un despido masivo. La perfidia de la ley votada es que ignora ese derecho, como se intenta hacer igualmente ahora en Paraná Metal, Massuh o Mahle. La exigencia, por parte del Estado, de que los obreros que quieren hacerse cargo de una empresa vaciada formen una cooperativa, apunta, entre otras cosas, a eliminar derechos indemnizatorios, y también convertir al nuevo colectivo en monotributista, sin convenio de trabajo. Sólo en concepto de cesión de derechos indemnizatorios, la adquisición de la fábrica por sus trabajadores hubiera podido hacerse gratuitamente. La continuidad de la empresa a manos de los trabajadores valorizó activos que de lo contrario hubieran sido rematados a precio de chatarra, algo en lo que tampoco se interesaron los legisladores.
Esta ley no contempla ningún subsidio oficial para capitalizar la fábrica y renovar su maquinaria obsoleta. Se condiciona la compra de la producción de la empresa a los límites que requiera el Estado (que pagará, recordemos, al costo), pero la demanda estatal no es establecida de un modo preciso y cuantificado. Sapag tiene todavía el arma de la reglamentación de la ley, para fijar en este punto otros condicionamientos. La ambigüedad legal del planteo de compra no es, sin embargo, de menor importancia, porque el gobierno buscará usar la facultad de comprar esa producción para condicionar políticamente a la cooperativa, como lo han hecho otros gobiernos (nacional y provinciales) con las empresas recuperadas. Es muy posible que haya que luchar por la firma de un contrato que colme las necesidades de la cooperativa obrera y que precise el concepto de costo de producción, de modo de incluir salarios y costos laborales compatibles con la calificación y con las aspiraciones de los trabajadores.
Se abre una nueva etapa de lucha
Con esta “ley de expropiación”, Sapag no pretende, es obvio, reivindicar la gestión obrera, ni hacer una autocrítica por la política del MPN en toda esta década, ni reconvertirse al ‘populismo’; busca -con las normas establecidas en la ley, una nueva modalidad y nuevas vías de ingerencia del Estado- neutralizar la independencia de clase de los ceramistas e introducir su propia cuña. Ha echado lastre, seguramente, para apaciguar la tremenda crisis social y política que sacude a la Patagonia, como lo muestran las huelgas petroleras, sin ‘violentar’ los derechos y contratos confiscatorios del régimen de la propiedad privada.
Néstor Rivas (Jacyn)
El jueves 13 de agosto, la Legislatura de Neuquén votó en general la transferencia de Zanón a la cooperativa obrera Fasinpat. La “ley de expropiación”, impulsada por el gobierno de Jorge Sapag, parte de un acuerdo con los acreedores (el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo -IADEP-, la fabricante de maquinaria de origen italiano SACMI y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial), que se “avienen” a aceptar un ‘resarcimiento’ de 23,5 millones de pesos por las deudas impagas que contrajo la patronal de Zanón. Los fondos serán adelantados por el Estado, pero la ley establece, por otro lado, que la cooperativa “compensará al Estado provincial, en especie, las sumas desembolsadas, o sea mediante la venta al costo de los productos que requiera la Provincia para fines públicos” (Art 7). La gestión obrera (cooperativa), ahora legalizada, debuta en su nueva etapa con la carga de una enorme hipoteca. Aunque la ley no establece una tasa de interés para la deuda que la cooperativa obrera contrae con el Estado, esa tasa existe. Se la puede deducir de la diferencia entre el precio de costo al cual deberá vender su producción al Estado y el precio de mercado de los cerámicos. Tiene una tasa de interés implícita, que podría llegar a ser usuraria. Es sólo en estas condiciones que el gobierno acabó admitiendo la transferencia de la propiedad legal de la empresa a la cooperativa formada por los trabajadores, luego de una década de intentos para desalojarlos, de represión, de atentados individuales contra dirigentes y activistas, y un proceso judicial que buscó en todo momento salvar el capital de los vaciadores y los créditos de sus financistas, y nunca el derecho al trabajo de los obreros. Es con una clara conciencia de estas limitaciones que debe valorarse la victoria obtenida por los trabajadores de Zanón, pues esas limitaciones dejan establecido el programa para superar los obstáculos y las hipotecas que ha creado la “ley de expropiación”, y para alcanzar, por medio de la lucha, el objetivo de la expropiación sin pago y la efectiva gestión obrera.
A los compañeros de Zanón les costó casi una década de luchas arrancar a los gobiernos antiobreros del MPN esta transferencia de propiedad, que tiene similitudes con las conquistas que obtuvieron la mayoría de las recuperadas en 2002/03. Durante todo este tiempo, el gobierno provincial trabajó en forma sistemática para devolver el control de la planta a sus vaciadores, desahuciar a la cooperativa Fasinpat y desalojar a los obreros. Lo mismo vale para la Legislatura neuquina, que incluso en tiempos recientes dio la espalda al proyecto de expropiación efectiva (estatización, sin indemnización) presentado por los trabajadores ceramistas, que fue acompañado por 90 mil firmas. Pero los intentos de confiscar la empresa a sus trabajadores (el desalojo) fracasaron. El sapagismo y sus compinches tuvieron que admitir su derrota y buscar nuevos caminos de salida; el resultado es la ley que se acaba de votar. De todos modos, aun en los días previos a la sanción, cuando la aprobación de la “ley de expropiación” ya era presentada como un hecho consumado, las cámaras patronales, la burocracia de la CGT y hasta funcionarios oficiales salieron a embestir contra esta posibilidad. La ley está confeccionada para dotar al Estado de una capacidad de arbitraje y de supervisión sobre la nueva fase del emprendimiento obrero, sea por la vía de la hipoteca para pagar el ‘resarcimiento’, sea por la facultad para determinar las compras públicas (el texto de la ley tiene varias referencias al establecimiento de la “paz social”). Finalmente, la ley se aprobó en general por 26 votos contra 9 (votaron en contra dos diputados del PJ y prácticamente toda la bancada radical), en una sesión con asistencia perfecta de los legisladores.
La jornada estuvo enmarcada por una movilización de 4 mil personas. Durante el largo debate en el recinto, se desarrolló un acto en las puertas de la Legislatura en el que hablaron dirigentes obreros y populares.
La “ley de expropiación”
Entre la formación de la cooperativa y la aprobación de esta ley se desarrolló una larga transición de cuatro años, durante los cuales la fábrica estuvo colocada bajo el arbitrio del juez a cargo de la quiebra. La cooperativa obrera pagó durante ese tiempo un canon por el alquiler de la planta de 40 mil pesos mensuales. La finalidad del concurso de quiebra era devolver el control de Zanón a la familia de vaciadores o a sus testaferros. Ahora, el juez interviniente, Rafael Barreiro, se espanta porque la ley “no contempla (el pago de una indemnización) a los ex trabajadores” (se refiere a los carneros que no participaron de la ocupación de la planta ni de la gestión obrera, ni forman parte de la cooperativa). Barreiro no debió haber mencionado el hecho, porque la realidad del asunto es que la ley que acaba de ser votada sí expropia a los trabajadores que lucharon por la gestión obrera, al no reconocerles los derechos indemnizatorios que les corresponden toda vez que el abandono de la empresa por una patronal es equivalente a un despido masivo. La perfidia de la ley votada es que ignora ese derecho, como se intenta hacer igualmente ahora en Paraná Metal, Massuh o Mahle. La exigencia, por parte del Estado, de que los obreros que quieren hacerse cargo de una empresa vaciada formen una cooperativa, apunta, entre otras cosas, a eliminar derechos indemnizatorios, y también convertir al nuevo colectivo en monotributista, sin convenio de trabajo. Sólo en concepto de cesión de derechos indemnizatorios, la adquisición de la fábrica por sus trabajadores hubiera podido hacerse gratuitamente. La continuidad de la empresa a manos de los trabajadores valorizó activos que de lo contrario hubieran sido rematados a precio de chatarra, algo en lo que tampoco se interesaron los legisladores.
Esta ley no contempla ningún subsidio oficial para capitalizar la fábrica y renovar su maquinaria obsoleta. Se condiciona la compra de la producción de la empresa a los límites que requiera el Estado (que pagará, recordemos, al costo), pero la demanda estatal no es establecida de un modo preciso y cuantificado. Sapag tiene todavía el arma de la reglamentación de la ley, para fijar en este punto otros condicionamientos. La ambigüedad legal del planteo de compra no es, sin embargo, de menor importancia, porque el gobierno buscará usar la facultad de comprar esa producción para condicionar políticamente a la cooperativa, como lo han hecho otros gobiernos (nacional y provinciales) con las empresas recuperadas. Es muy posible que haya que luchar por la firma de un contrato que colme las necesidades de la cooperativa obrera y que precise el concepto de costo de producción, de modo de incluir salarios y costos laborales compatibles con la calificación y con las aspiraciones de los trabajadores.
Se abre una nueva etapa de lucha
Con esta “ley de expropiación”, Sapag no pretende, es obvio, reivindicar la gestión obrera, ni hacer una autocrítica por la política del MPN en toda esta década, ni reconvertirse al ‘populismo’; busca -con las normas establecidas en la ley, una nueva modalidad y nuevas vías de ingerencia del Estado- neutralizar la independencia de clase de los ceramistas e introducir su propia cuña. Ha echado lastre, seguramente, para apaciguar la tremenda crisis social y política que sacude a la Patagonia, como lo muestran las huelgas petroleras, sin ‘violentar’ los derechos y contratos confiscatorios del régimen de la propiedad privada.
Néstor Rivas (Jacyn)
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